Este 2 de septiembre de 2024, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial un decreto que introduce cambios significativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que ha generado un amplio debate sobre sus implicancias en la transparencia y el acceso a la información en Argentina.
El decreto modifica varios aspectos clave de la ley, incluyendo la ampliación de los criterios para clasificar información como reservada o confidencial. Uno de los cambios más notables es la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para clasificar información por un período de hasta 10 años si se considera que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores o los intereses estratégicos del país. Anteriormente, este plazo era de cinco años, lo que duplica el tiempo en que la información puede mantenerse en secreto.
Además, el texto del decreto introduce modificaciones en los procedimientos para solicitar y acceder a la información pública. Específicamente, se establecen nuevos plazos para la respuesta de las solicitudes, que podrían extenderse en casos justificados, y se permite a las autoridades denegar el acceso a información si se argumenta que la divulgación puede causar «daño significativo» a los intereses mencionados.
En uno de los artículos del decreto, se señala: «La información clasificada como reservada podrá ser revaluada antes del vencimiento del plazo de 10 años, siempre que se considere que ya no existe riesgo para los intereses protegidos.» Este punto ha sido uno de los más criticados por expertos y organizaciones de la sociedad civil, quienes temen que se utilice como una herramienta para limitar la transparencia y el control ciudadano sobre la gestión pública.
El Gobierno ha defendido estas modificaciones argumentando que buscan proteger la seguridad del Estado y evitar el mal uso de información sensible. Sin embargo, diversas organizaciones y especialistas en derechos humanos han expresado su preocupación, advirtiendo que las nuevas disposiciones podrían restringir de manera significativa el acceso a la información y afectar la capacidad de la ciudadanía para ejercer un control efectivo sobre las acciones del Estado.
El decreto ya ha comenzado a ser implementado, y se espera que en los próximos meses se realicen evaluaciones para determinar su impacto real en la transparencia y el acceso a la información pública en Argentina. Mientras tanto, el debate continúa, con llamados a revisar y asegurar que las modificaciones no socaven los principios fundamentales de acceso a la información y rendición de cuentas en el país.