El Gobierno ha dispuesto que las familias de altos ingresos o que renunciaron a los subsidios a la energía tendrá un aumento en torno al 118% en el precio que pagan por el costo de la electricidad en sus boletas entre el 1° de febrero y el 30 de abril. Sin embargo, dejó sin cambios los valores de los usuarios de bajos y medios ingresos —catalogados como N2 y N3, respectivamente—, en búsqueda de que este universo no sufra un “impacto brusco” en lo que paga por el servicio. El objetivo oficial, en línea con los planes de recorte del gasto pactado con el FMI, es reducir el gasto en subvenciones.
A través de la Resolución 7 de 2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía estableció para cada uno de los meses del trimestre comprendido entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de abril de 2024 la aplicación de los nuevos Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía Eléctrica (PEE) en el MEM del cuadro subsiguiente El PEE junto con el POTREF y el Precio Estabilizado del Transporte (PET) son los que se deberán utilizar para su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios de los Agentes Distribuidores y otros Prestadores del Servicio Público de Distribución que lo requieran.
En los hechos, el cambio es una extensión del congelamiento de las tarifas para los usuarios de bajos ingresos y para los hogares de ingresos medios parcialmente subsidiados por tres meses más. Para el resto, el nivel N1 que se estima ronda el 30% de los usuarios, los aumentos implicarán que al final del trimestre el costo de las boletas será el doble del actual.
El economista Julian Rojo precisó que la suba es del 118 % respecto a enero, lo que refleja básicamente el efecto de la última devaluación, y del 80 % si se toma en cuenta la resolución anterior que había fijado valores provisorios para la generación. Ese concepto explica en torno al 48 % del precio final de las facturas que reciben los usuarios residenciales.
En el caso de los usuarios N3, de medianos ingresos, el subsidio mantiene el tope de 400kWh/h de consumo mensual. Por encima de ese nivel de uso pagarán la tarifa plena, con los mismos aumentos que rigen para el nivel N1. Y obligatoriedad de que las distribuidoras de electricidad pongan en la factura el ítem “Subsidio Estado Nacional” y el monto subsidiado.
Por otro lado, Rojo resaltó que dos de cada tres usuarios del AMBA pagan entre 7% y 8% del costo de la electricidad, “la cobertura más baja de la historia”. Ese universo abarca dentro del actual esquema de segmentación a los N2 (menores ingresos) y N3 (ingresos medios), mientras que los N1 (altos ingresos) ahora vuelven a pagar pleno. “Para eliminar subsidios se tiene que multiplicar el precio de la energía por 15 y por 12 veces para el 70% de los hogares de todo el país. El impacto en cada provincia depende de su propia estructura tarifaria”, explicó el especialista.
Durante las próximas horas, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) emitirá dos resoluciones para trasladar este aumento del precio mayorista de la energía a las boletas de Edenor y Edesur. También deberán hacerlo los organismos de contralor del resto de las empresas.
Durante el fin de semana la Secretaría de Energía había anticipado que actualizaría el valor de la electricidad solo para los usuarios de altos ingresos con el objetivo de comenzar a “sanear el sistema eléctrico”. De todos modos, hicieron foco en evitar el efecto sobre los segmentos más vulnerables: “Para evitar impactos bruscos en los costos del servicio para usuarios de ingresos bajos y medios, se van a mantener los precios estacionales subsidiados en esos segmentos, hasta tanto se ponga en vigencia el nuevo sistema de subsidios que considerará la capacidad de pago de cada consumidor”.
“El objetivo de estas medidas es establecer mecanismos que equilibren los precios, servicios, inversiones y calidad de distribución; y corrijan progresivamente los desfasajes generados por 20 años de subsidios, que generaron un déficit para el Estado Nacional de USD 104.764.808.732″, concluyó la dependencia que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo.
Subsidios energéticos
En toda la nación, los costos estacionales de la energía mantienen una uniformidad, con la única excepción de la provincia de Tierra del Fuego, la cual no forma parte del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Esto implica que el beneficio del subsidio se extiende a todos aquellos usuarios que no cubren el total de los costos; siendo las variaciones tarifarias en las distintas regiones argentinas resultado de los procesos de distribución, los cuales están bajo la supervisión de los gobernadores provinciales.
Próximamente, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) procederá a la emisión de dos normativas destinadas a reflejar el incremento en el precio mayorista de la energía en las facturas de los servicios de Edenor y Edesur, medida que deberá ser replicada por las entidades reguladoras de las demás compañías de servicios.
Para el año 2023, el volumen de los subsidios económicos alcanzó el 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB), contribuyendo el sector energético con 1,6 puntos porcentuales, lo que representa aproximadamente 9683 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la consultora Economía & Energía. Se ha establecido como objetivo para el año 2024 reducir estos subsidios a un 1,3% del PIB en términos generales, y a un 1,1% específicamente en el ámbito energético.
Expertos del FMI, en el informe Staff Report, sugirieron que a partir de febrero deberían implementarse incrementos tarifarios superiores al 200% en electricidad y 150% en gas. Sin embargo, el Gobierno opta por una postura de prudencia exagerada, decidiendo postergar cualquier aumento tarifario hasta después de llevar a cabo una nueva audiencia pública que establezca la validez de la “Canasta Básica Energética”, afectando esto al 70% de la población cuyos ingresos no superan las 3,5 canastas básicas.
Con la mira puesta en abril, se planea introducir un nuevo esquema que reemplazará la segmentación vigente, centrando los subsidios en aquellos hogares cuyo gasto energético supere el 10% de sus ingresos. De esta manera, el apoyo estatal se enfocaría en el monto que exceda dicho porcentaje, con el fin de aliviar la carga financiera sobre los consumidores.