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Alberto Fernández firmó el pliego de Figueroa y la jueza pedirá que la rehabiliten

Tras unos días de demora, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto para que Ana María Figueroa siga siendo jueza por cinco años más, luego de que el Senado votara la semana pasada la continuidad de la jueza que ocupaba una silla en la Cámara de Casación pese a que la Corte Suprema de Justicia había ordena su jubilación.

Junto al pliego de Figueroa, el jefe de Estado firmó el de otros magistrados.

Se espera que la medida aparezca publicada en el Boletín Oficial de este miércoles y así quedará completado el acto de nombramiento. «Está por salir en el Boletín Oficial junto a otros» jueces, dijeron fuentes de Presidencia.

La antesala

Ana María Figueroa recibió con alegría que el Senado finalmente haya aprobado su pliego. Es que se trata de un instrumento importante que, dicen allegados, utilizará para batallar para que la dejen continuar como camarista de Casación por cinco años más, como establece la Constitución. Pero la historia está lejos de terminarse, ya que aún resta que Alberto Fernández firme el decreto que la avale.

Desde el entorno de la cesada magistrada de 75 años afirman que tiene una decisión tomada: una vez que se publique el decreto en el Boletín Oficial recurrirá al Consejo de la Magistratura para pedir que se ejecute lo establecido por el trámite constitucional.

«La Corte no tiene nada que ver», dijeron fuentes cercanas, a propósito de la decisión administrativa del 6 de septiembre en la que el Máximo Tribunal, a instancias de una nota enviada por algunos de sus entonces colegas de la Cámara de Casación, dispuso el cese de su investidura judicial.

Según supo este medio, la magistrada no tenía idea de la existencia de esa comunicación y tampoco habría sido notificada acerca de esa decisión cortesana. Fuentes judiciales aseguraron que se enteró una vez que la noticia salió en los portales.

El acuerdo que el Senado le dio a Figueroa la semana pasada dejó abiertas las puertas a un escenario incierto acerca de su continuidad en el Poder Judicial y la estrategia que utilizará para volver a su despacho. Una de las posibilidades era que acuda a la Corte, que viene de emitir el pronunciamiento mencionado antes, pero no piensa hacerlo. Tampoco piensa en presentarse en su vocalía del primer piso de Comodoro Py porque, dicen sus allegados, sería en vano.

Es que desde que la Corte la cesó en su cargo, la camarista que había decidido permanecer con sus funciones limitadas hasta tanto se cierre su acuerdo para prorrogar el mandato debió dejar el edificio de Retiro. Según pudo saber PERFIL, permanece en su casa del centro porteño y no tiene acceso al sistema de gestión judicial Lex 100, donde se visualizan los expedientes judiciales, y tampoco a la firma digital. Sin esos instrumentos operativos, no puede hacer nada.

Una vez que tenga el decreto del Ejecutivo le pedirá al Consejo de la Magistratura que cumpla con lo establecido por el Senado y el Poder Ejecutivo, y le devuelva la investidura judicial, las claves y el acceso al sistema. Eso ocurrirá en un terreno hostil, donde ya hizo efecto la decisión de la Corte de cesarla en su cargo.

Es que en la resolución que firmaron el 6 de septiembre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti establecieron que se debía poner en conocimiento de la decisión al Consejo «a fin de que adopte las medidas que estime necesarias». Y lo primero que hubo fue un pedido para que se inicie el proceso para cubrir su vacante, durante la última reunión de la Comisión de Selección.

En el Consejo, resistencia y consenso opositor
Pero mañana miércoles 4 de octubre el Consejo de la Magistratura sesionará en pleno. Será desde las 11.30, y, de acuerdo al orden del día, se prevé la puesta a consideración de dictámenes de la Comisión de Selección, de Disciplina, de Acusación, Administración y del cuerpo de auditores. En ninguna parte aparece el nombre de Ana María Figueroa.

No obstante, las posibilidades de que el tema se discuta son altas.

Muestra de ello es la actitud de la consejera opositora Jimena de la Torre, que vía X (Twitter) contó que le envió un escrito a la presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, María Fernanda Vázquez, para pedirle que se abra el proceso para cubrir la vacante de Figueroa. Para De La Torre, la aprobación del pliego por parte del Senado se trató nada menos que de una «maniobra consumada por el kirchnerismo» y una «decisión írrita» que genera «un hecho de gravedad institucional inusitado».

De la Torre integra un grupo de consejeros y consejeras que consideran válida la decisión de la Corte de cesar a Figueroa, a partir de lo cual tildan de «nulo» el acuerdo que le dio posteriormente el Senado -incluso si saliera el decreto presidencial-. Desde esa base buscan presionar para que se abra el proceso y se le busque el reemplazo a la cesada camarista.

Internamente, hay una discusión acerca de si corresponde que la vacante se acumule a los concursos que están abiertos para ocupar las vacantes del Consejo o si el caso amerita la apertura de uno nuevo.

Ese grupo lo integran el consejero juez Diego Barroetaveña (también camarista de Casación y coautor de los fallos que mandaron a juicio a Cristina Kirchner en Hotesur-Los Sauces y Memorandum) y sus colegas Agustina Díaz Cordero (vicepresidenta del Consejo) y Alejandra Provítola; De la Torre y Piedecadas, representantes de la Abogacía; el senador Eduardo Vischi (UCR) y la diputada Roxana Reyes (UCR)

«Sería un escándalo que dentro del Consejo validásemos lo que hizo el Senado, aún si estuviera el decreto, porque la Corte ya dejó en claro su postura», le dijo a PERFIL una persona que integra el Consejo y se opone a la continuidad de Figueroa. En ese grupo hay algunos que creen que incluso el kirchnerismo no tendrá margen de movimiento respecto del tema Figueroa hasta tanto no se publique el decreto del Ejecutivo. «Los jueces no son empleados de la Corte», sentaron postura en el oficialismo.

El caso Figueroa: Una batalla jurídica y política que no termina

Figueroa era hasta comienzos de septiembre la presidenta del máximo tribunal penal del país, que integraba desde su designación en el año 2011. Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, y doctora en Derecho, ha trabajado en numerosos casos vinculados a los derechos humanos desde los albores de la Democracia. Como se acercaba la edad límite que establece la Constitución para que siga en el cargo, el gobierno de Alberto Fernández decidió darle el visto bueno para continuar por otros cinco años.

Tras esa propuesta del Ejecutivo, arrancó un proceso complejo que la llevó a enfrentarse a una audiencia con senadores y senadoras del oficialismo y la oposición y logró el dictamen favorable para continuar. En los últimos meses, su situación comenzó a ocupar el debate político debido a que era una de las juezas que debía revisar el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El kirchnerismo intentó aprobar su pliego en el Senado con intentos fallidos, y finalmente pudo hacerlo en la última sesión, después de la decisión de la Corte que cesó en a Figueroa en sus funciones. Eso desató un debate jurírico acerca de lo que se considera como un «hecho nuevo», a partir de la intervención cortesana y el posterior acuerdo parlamentario. Hay una parte interesada en que Figueroa no continúe, que piensa que la postura de la Corte dio por cerrada la discusión, y los que están a favor de que siga por cinco años más, que piensan que los supremos no tenían nada que hacer.

La Constitución establece que «un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años». El artículo 99 inciso cuarto agrega que «todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite»

La Corte, en tanto, cuando dio por terminada la gestión de Figueroa, estampó en un escrito que dice que «al no prever la norma plazo de gracia alguno, el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante»

Todo ese intríngulis está atravesado por la política y la situación judicial de Cristina Kirchner y un voto de Figueroa en minoría que supuestamente era favorable a la vicepresidenta. «Lo que no querían era que se conocieran los argumentos», dijo una fuente judicial a este medio, al analizar la situación. El voto de la cesada camarista permanece en una caja fuerte de la Sala I.

La discusión, compleja, parece lejos de terminar.

FUENTE: Perfil

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