La diputada nacional (Frente de Todos-Jujuy) Carolina Moisés solicitó al Ministerio de Salud de la Nación, la derogación de la Resolución 565/2023 por la que se prohíbe la importación, distribución, comercialización, publicidad y cualquier modalidad de promoción y patrocinio en todo el territorio argentino de los denominados “productos de Tabaco Calentado”
En sendas cartas enviadas a la ministra de Salud, Carla Vizzotti y a la jefa de la Unidad Gabinete de Asesores, Sonia Tarragona, Moisés expresó su “profunda preocupación y sorpresa” por la medida adoptada “sin consulta previa tanto a los distintos sectores socioeconómicos involucrados” como “a los referentes políticos que venimos defendiendo activamente la promoción de las economías regionales como motor del crecimiento y del empleo”
“La resolución afecta directamente el empleo y la actividad económica y carece de toda razonabilidad y proporcionalidad con los propios fines de salud pública que enuncia”, fundamentó la legisladora, quien además agregó que “los productos de tabaco calentado reducen el riesgo sanitario frente al consumo tradicional de tabaco, en comparación con las otras modalidades habilitadas por la autoridad pública, como los cigarrillos y cigarros que son de tabaco encendido y en combustión”
En ese marco, la diputada sampedreña explicó que Argentina es el 8° productor y el 7° exportador mundial de tabaco y que la actividad primaria se concentra en 7 provincias del norte: Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Chaco, Corrientes y Catamarca. Tras lo cual, apuntó que “el cultivo del tabaco es el mayor demandante de mano de obra por unidad de superficie del sector agropecuario, a razón de 120 jornales por hectárea. Y toda la cadena de valor genera más de 1 millón de empleos directos e indirectos dedicados al cultivo y acopio de tabaco, actividad manufacturera, distribución y venta mayorista y minorista”
Para Moisés “es muy probable que en el Ministerio de Salud se desconozcan todos estos datos porque no es información que deba manejar esa cartera”
Por esto expresó que “de haber sido consultados, hubiéramos podido exponer que el sector tabacalero está constituido por más de 150 mil pymes con unos 50 mil productores primarios agrupados en más de 10 cámaras y cooperativas provinciales -que nuclean los intereses de los que producen, procesan y revenden la materia prima-, 100 empresas de venta mayorista y distribución y 100 mil kioscos que hoy se ven sumamente afectados por esta decisión que necesitamos que quede sin efecto”, completó.
El decreto
A fines de marzo, el Ministerio de Salud de la Nación anunció que, la importación, comercialización, distribución y publicidad de cigarrillos electrónicos quedaba prohibida en todo el territorio argentino.
Esta decisión se debe a que los Productos de Tabaco Calentado (PTCs) contienen nicotina y otras sustancias químicas que son muy perjudiciales para la salud. Según la Resolución 565/2023, esta prohibición se extenderá también a los cartuchos y barras de tabaco destinados a ser calentados en dichos sistemas.
La medida busca prevenir la adicción de los jóvenes a estos productos y el peligro que representan la precaria fabricación de los dispositivos. Según la Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes del año 2018, el 7 % de la población de 13 a 15 años en Argentina ya los utiliza.
Los cigarrillos electrónicos fueron prohibidos en 2011 por la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT).