La Cámara de Diputados de Argentina ha confirmado el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria, que había sido previamente aprobada por el Congreso. En una sesión especial, el oficialismo, con el apoyo de un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) y otros aliados, logró reunir los votos necesarios para mantener el veto. La votación final fue de 153 a favor del veto, 87 en contra y 8 abstenciones.
Contexto de la Ley y el Veto
La ley vetada proponía un aumento del 8,1% en las jubilaciones para compensar la inflación de enero y establecía una fórmula de movilidad que incluía ajustes anuales adicionales basados en el índice de precios al consumidor y el índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE). Además, buscaba cancelar deudas de la ANSES con cajas previsionales no transferidas. El gobierno argumentó que la implementación de esta ley representaría un costo fiscal significativo, equivalente al 1,2% del PIB.
Reacciones y Consecuencias
La oposición, compuesta por varios bloques, intentó insistir en la aprobación de la ley, pero no logró alcanzar los dos tercios de los votos requeridos. Algunos diputados de la UCR habían considerado la posibilidad de solicitar una ratificación parcial del veto, pero esta estrategia perdió fuerza antes de la votación.
Tras la confirmación del veto, se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso, donde manifestantes, incluidos jubilados, protestaron contra la decisión del gobierno. La Policía Federal utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que intentaron romper las vallas de seguridad.
El presidente Milei defendió su veto, argumentando que la ley comprometía el objetivo de déficit cero que su administración busca mantener, y destacó que su decisión fue crucial para la estabilidad económica del país