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Diputados de Juntos por el Cambio ampliaron la denuncia penal contra Gómez Alcorta, Odarda y Donda por las embarazadas de Formosa

 

El diputado Waldo Wolff junto a los diputados Fernando Iglesias, Julio Enrique Sahad, Adriana Noemí Ruarte, Omar De Marchi, Alvaro de Lamadrid, Pablo Torello, Jorge Enríquez, María Carla Picolomini y Héctor Stefani, con el patrocinio de abogado Tomás Farini Duggan ampliaron la denuncia del 14 del corriente mes, a la encargada del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Victoria Gómez Alcorta; a la abogada Magdalena Odarda, quien es responsable del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y a Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

La extensión de la denuncia se debe a los gravísimos delitos documentados por la periodista Paula Bernini, que fueron hechos públicos a través de “Telenoche Investiga”, de TN, tal como se detalla en la carta que se expone la omisión de denunciar esas flagrantes violaciones a los Derechos Humanos (puestas en conocimiento del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; cuyo ocultamiento, negación pública y omisión de denunciar, han sido objeto de la denuncia inicial).

Para los legisladores, las mencionadas y el secretario de Derechos Humanos de la Nación han perpetrado hechos que podrían constituir los delitos previstos y reprimidos en los artículos 277 inc. 1, “d”, 248 y 249 del Código Penal.

Aludieron a la publicacicón reciente de la agencia de noticias “ANRed”: “Las denuncias que se visibilizaron en los últimos días sobre la situación de mujeres de las comunidades indígenas de El Potrillo, Formosa, no son una novedad, persisten en el tiempo porque desde los gobiernos no se organizan dispositivos ni instrumentos efectivos para eliminar las prácticas discriminatorias y estigmatizantes históricas contra estas comunidades. El CELS junto a otras organizaciones territoriales del NOA y NEA alertaron sobre la necesidad urgente de que los gobiernos federal y provincial establezcan políticas específicas para atender una situación de discriminación y pobreza que se vio agravada por la pandemia. En ese sentido investigadoras y militantes de derechos humanos presentaron una carta para obtener adhesiones y denunciar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que sufren las comunidades indígenas”.

A través de esa agencia y otras publicaciones en redes sociales, se dio a conocer la carta suscripta por las siguientes investigadoras y militantes de derechos humanos: Claudia Briones; Lorena Cardin; Valeria Mapelman (21.482.309); Ana Ramos; Silvina Ramírez; Florencia Tola; Susana Pariani; Mariela Rodríguez; Marcela Tomas; Beatriz Nussbaumer; Carlos Javier Cowan Ros; Marina Matarrese; Matías Schraer; Morita Carrasco; Andrea Gigena; Diana Lenton; Alcida Rita Ramos; Liliana Tamagno ; Pablo Wright ; Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ, 34/1984) Mirta Acuña de Baravalle (Co-fundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo).}

En la carta, entre otras cuestiones, se expresa “que quienes acompañan y trabajan junto a las comunidades indígenas formoseñas, como profesionales o como militantes de derechos humanos, denuncian desde hace años la violación sistemática de los derechos humanos, que la Constitución Nacional —junto a otras normativas— garantizan a los pueblos indígenas en Argentina”. Como así también manifiesta que “El miedo a la internación en algún hospital de la provincia de Formosa responde a experiencias oscuras de maltrato y de violación a los derechos humanos. Se trata de un silencio a voces”. (…) “En todo caso, las prácticas de prevención de la pandemia han dejado al desnudo la violación de los derechos de los pueblos indígenas que tiene lugar en distintas partes del país, pero que es particularmente flagrante y recurrente en Formosa”.

Es así que, a través de la carta, acompañan el pronunciamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y exigen, además, a la abogada Elizabeth Victoria Gómez Alcorta —que intervenga inmediatamente para llevar adelante las siguientes acciones: “investigar las prácticas violentas denunciadas en los testimonios, administrar los medios correspondientes para defender el derecho al parto respetado considerando perspectivas interculturales y tomar medidas hacia quienes atentan contra este derecho”.

En la misma carta se insta a la Dra. Magdalena Odarda y a la Dra. Victoria Donda a sumarse a la intervención y concertar, de forma inmediata, las acciones para garantizar los derechos de las mujeres indígenas formoseñas, de sus hijos, hijas y familias por las situaciones evidentes de violencia de género y maltrato hacia las mujeres indígenas. Como también se trata de un caso de violación a los Derechos Humanos, apelaron a la intervención de Horacio Pietragalla Corti.

Los firmantes mencionados fueron propuestos como testigos por los denunciantes para ampliar los argumentos que justifican las denuncias y así dar intervención a la justicia.

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