Algunos diputados de Juntos por el Cambio solicitaron a través de un Pedido de Informes que el Jefe de Gabinete comunicara a la Cámara si se busca aprovechar la moratoria impositiva contenida en el proyecto de modificación de la Ley 27.541 para establecer un régimen “a medida” del grupo empresario de Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Ambos empresarios están procesados por fraude impositivo, pero de este modo lograrían condiciones leoninas para el pago de su deuda con el fisco, podrían continuar funcionando pese a estar en una situación de quiebra y podrían esperar que sus causas devengan abstractas y eludir así las penalidades por su presunto proceder ilegal.
En los considerandos del proyectos de señala que Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa «resultaron selectivamente privilegiados por medidas impulsadas por el gobierno kirchnerista durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner».
«Estas medidas permitieron la expansión significativa de sus actividades, al construirse un grupo económico al amparo del “calor” oficial y con un tratamiento especial que vulneraba la igualdad ante la ley y del cual no gozaban otros empresarios y contribuyentes. A lo largo de su historia, el grupo económico López-De Sousa tuvo como actividades principales la energía, los medios de comunicación, la construcción y el juego».
«Una de las maniobras realizadas por este grupo resultó en una deuda con la AFIP, inicialmente de 8.000 millones de pesos hace un lustro, pero hoy mucho más elevada, generada a partir de la retención fraudulenta del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC). Ese gravamen debe ser solventado por los usuarios de naftas y otros combustibles. Las empresas que realizan el expendio de combustibles cobran el ITC como meros agentes de retención, es decir, son las encargadas de percibir los pagos del público para después transferirlos al fisco.
Sin embargo, López-De Sousa retuvieron ilegalmente los cobros del ITC y los usaron para la expansión de sus empresas frente a la pasividad del gobierno, quien mientras tanto les asignaba ventajas regulatorias e impositivas a sus empresas de juego y enormes montos de publicidad oficial a sus medios de comunicación».
«Estas maniobras fueron procedimientos cruciales del grupo López-De Sousa para crear una estructura típica de “capitalismo de amigos” de extracción rentística que los beneficiara y que incluía también un aparato paraoficial de comunicación que trabajaba en coordinación con la Casa Rosada para secundar el “escrache” y la persecución de periodistas, opositores y, a veces, también de ciudadanos comunes (el “abuelito amarrete” o el agente inmobiliario)»
«La empresa central del grupo económico López-De Sousa, Oil Combustibles, entró en quiebra en 2018. Aunque esta medida está apelándose en la justicia —e incluye una misteriosa “pérdida” del legajo correspondiente en la AFIP— la mayor parte de sus activos energéticos ya fueron vendidos. En cambio, las empresas del grupo Indalo (medios) y otras han presentado su concurso preventivo y continúan funcionando».
Finalmente, infiere que los empresarios han buscado amparo en el Ejecutivo Nacional, sosteniendo que «en los últimos meses, López-De Sousa han realizado un fuerte lobby ante las autoridades solicitando ventajas o buscando un tratamiento especial que les permita regularizar su situación, hacer caer sus procesos penales por defraudación y conservar sus empresas sin pagar costos significativos».