El 15 de mayo de 2020, en pleno aislamiento por la pandemia del Covid-19, Luis Espinoza fue asesinado por la policía en el paraje de Melcho, al sur de Tucumán. Su cuerpo fue descartado en el límite con Catamarca, a más de 100 metros de profundidad en un barranco de una zona conocida como Las Banderitas: lo encontraron envuelto en una frazada y atado con cinta de embalar. Casi 3 años después, la Justicia condenó a nueve de los once imputados y cuatro de ellos deberán cumplir prisión perpetua.
“La condena a los cuatro está bien, estamos disconformes con los demás”, dijo una de las hermanas de la víctima. El Tribunal Oral Federal (TOF) tucumano fijó penas de entre 5 y 12 años de cárcel para otros cinco efectivos sometidos a juicio y absolvió a dos civiles.
Por mayoría, el tribunal condenó a perpetua al oficial auxiliar José Alberto Morales, al subcomisario Héctor Rubén Montenegro, al agente Gerardo González Rojas y al cabo Claudio Zelaya por el “homicidio agravado” de Luis Espinoza y la “privación ilegal de la libertad” de Juan Antonio, hermano del peón rural asesinado, quien también estaba con él cuando regresaban de hacer unos trámites y fueron interceptados por los efectivos.
Por los mismos delitos, pero en carácter de “partícipe secundaria” del homicidio, fue condenada a 12 años de prisión la cabo primero Rosalba González. En tanto, el sargento Víctor Manuel Salinas recibió 7 años de prisión por la privación ilegal de la libertad y “encubrimiento agravado”.
A su vez, el agente Carlos Lisandro Romano, el cabo primero José María Paz y el sargento primero René Ardiles fueron condenados a 5 años de cárcel solo por el encubrimiento. Mientras que Héctor Villavicencio y Álvaro Gonzalo González fueron absueltos por el beneficio de la duda, y el primero de ellos recuperó la libertad, según indicó la agencia Télam.
En el caso de los condenados ya detenidos, el tribunal resolvió rechazar el pedido de los defensores para el cese de la prisión preventiva. Las condenas impuestas para los principales acusados coincidieron con lo que había solicitado en su alegato el fiscal federal Pablo Camuña, quien consideró que se trató de “un caso grave de violencia institucional porque en su centro hay una ejecución sumaria o arbitraria o extrajudicial realizada por policías de la provincia de Tucumán”.
“Abusando de sus funciones y sin demostrar un atisbo de humanidad, además de matar por la espalda a Espinoza, una persona indefensa, decidieron ocultar su cuerpo sin vida a las autoridades y a sus seres queridos, generando con ello un profundo daño en su familia y su entorno comunitario, además de una enorme conmoción social”, indicó el fiscal.
El juicio oral y público, que comenzó el 24 de octubre pasado y estuvo a cargo de los jueces Enrique Liljedahll, Jorge Basbus y Carlos Jiménez Montilla, contó con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como observadora. A lo largo de 21 audiencias, declararon 72 testigos y se realizaron inspecciones oculares en los lugares en donde se produjeron los hechos.
Cómo fue el crimen de Luis Espinoza
El peón rural fue atacado el 15 de mayo de 2020 por la policía durante un operativo realizado por un festival de caballos en el paraje de Melcho, de la ciudad tucumana de Simoca. Su cadáver apareció una semana después en territorio catamarqueño, en donde fue arrojado por un barranco envuelto en bolsas de plástico.
Los resultados de los peritajes realizados en el Laboratorio de Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) determinaron que la bala que impactó en uno de los omóplatos de la víctima salió de un arma reglamentaria calibre 9 milímetros, la cual pertenecía al oficial José Morales y que fue secuestrada en el marco de la causa.
La investigación demostró que Espinoza fue asesinado en Melcho, que luego su cuerpo fue trasladado hasta la comisaría de Monteagudo y, finalmente, descartado en el límite con Catamarca.