Desde la sede del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Aldo Hernán Lozano, habilitado en la Fiscalía de Causas Genéricas, brindó precisiones sobre la investigación que lleva adelante tras la muerte de una mujer, que contrajo COVID-19 y en la que investigan a la empresa en la que trabajaba.
La entrevista se basó en los avances de la Investigación Penal Preparatoria iniciada tras la recepción de la denuncia de familiares de Elizabeth Pérez, quién habría sido forzada a asistir a su puesto de trabajo en la empresa de multimedios provincial, a pesar de ser una persona de riesgo, y murió tras contraer COVID 19.
En este marco, ayer al mediodía se realizó una medida de inspección ocular ordenada por Lozano en el lugar donde trabajaba Pérez, en el barrio Castañeda, donde está el call center de la empresa. Los resultados de dicha medida forense estarán disponibles hoy para continuar la investigación.
El fiscal destacó «la colaboración de la empresa que permitió hacer la medida de manera prolija» y añadió que requirió a la firma informes referentes a la mujer fallecida.
Lozano explicó que la causa comenzó a raíz de la denuncia de José Matorras, pareja de Pérez y a partir de esa presentación penal tomaron declaraciones testimoniales. «Muchos de esos testigos que se han presentado voluntariamente, son exempleados y empleados de la empresa. No es fácil para un trabajador en relación dependencia aclarar las condiciones de trabajo, no solamente del call center sino también de la calle Hipólito Yrigoyen».
Según indicó el fiscal, las personas que declararon señalaron «que son paupérrimas las condiciones de trabajo y que sufrían hacinamiento».
Luego de las seis testimoniales, se radicaron tres denuncias penales cuyos imputaciones serán conocidas por las personas investigadas en el día de hoy, cuando también tendrán la oportunidad de designar a sus abogados defensores.
De acuerdo con los dichos del fiscal, son cuatro los imputados (dos mujeres y dos hombres) y están acusados por los delitos de amenazas coactivas – artículo149 bis del Código Penal – y por violación de las medidas oficiales para prevenir la expansión de la pandemia, contenidas en decretos nacionales y normativas provinciales, y por violación a las medidas de bioseguridad en el lugar de trabajo, específicamente, el call center.
Lozano -sin dar nombres ni mayores detalles, dijo que se trata de una gerente y supervisora que diagramaba las tareas del call center, de personal jerárquico y de una persona encargada del área de recursos humanos. Están imputados por las denuncias de quienes se contagiaron coronavirus en el call center y también por amenazas coactivas.
Todavía hay pruebas pendientes de producción, como un informe médico del Comité Operativo de Emergencia, ya que Pérez estuvo internada en el hospital de campaña de Ciudad Cultural.
Según su hermana María Pérez, Elizabeth “padecía diabetes, hipertensión, sobrepeso y principio de celiaquía. Vivía con dolores, tenía siempre los brazos hinchados y las piernas hinchadas”. Según relató a Todo Jujuy, la mujer había pedido trabajar desde su casa porque era una persona de riesgo. «Le instalaron las máquinas un par de días y después las sacaron – relató Pérez -. La volvieron a meter a la empresa porque personas del canal se habían contagiado de covid-19 y necesitaban personal”.
Según su hermana, Elizabeth «se contagió ahí” y, a pesar de que tenía fiebre, “no la dejaban ir a su casa, le pedían carpeta médica por las enfermedades que ella tenía». La mujer falleció en una clínica privada el pasado 7 de octubre.