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Causa Vialidad: La justicia dará el veredicto luego de más de tres años de audiencias

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner enfrentará este martes oirá este martes, junto a otros 13 imputados, al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) cuando de a conocer el veredicto final y leerá la sentencia que aplicará a la exmandataria y los demás imputados investigados por el presunto direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz.

Varios de sus exfuncionarios y su socio Lázaro Báez fueron juzgados por supuesta corrupción en la distribución, gestión, control y pagos de contratos de obras viales en la provincia sureña, quienes durante los tres primeros gobiernos K ganaban a repetición las empresas de las que se había apoderado Báez poco tiempo antes de presentarse a esas licitaciones, en las que varias veces compitió contra sí mismo.

La jornada comenzará a las 9.30, con posibilidad de que el último de los acusados -por orden alfabético, se trata del exfuncionario de Vialidad Provincial de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe- formule sus últimas palabras si así lo desea. Su abogado no anticipó si hablará o no ante el Tribunal Oral Federal 2, pero como sea, cuando exprese su voluntad -y al término de sus palabras, si elige pronunciarlas- el tribunal pasará a un cuarto intermedio de varias horas. La lectura del veredicto se hará por la tarde, en un horario posterior a las 17.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Morla la acusaron de haber dirigido una asociación ilícita que defraudó al Estado con decenas de irregularidades cometidas en supuesta connivencia con Lázaro Báez. Por eso pidieron para ella una condena de 12 años de prisión. El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, negó todos los cargos y pidió que la absuelvan de las acusaciones. Los jueces podrían aceptar las dos acusaciones tipificadas por los fiscales, sólo una de ellas -la de administración fraudulenta -o defraudación al Estado-, pero no la de asociación ilícita- o ninguna de las dos. El lapso de la pena variará de acuerdo a esa apreciación previa. Si los jueces aceptan los dos cargos, la pena podría ser de 10 a 12 años, o incluso más. Si no lo hacen, no superaría los 6 años. Por supuesto, si la absuelven de ambas acusaciones, no habrá pena.

Todos los imputados

Los acusados en el juicio son trece exfuncionarios públicos nacionales y santacruceños, y Lázaro Báez. Además de Cristina, Luciani y Mola también pidieron 12 años de cárcel para el contratista K, como organizador de la asociación ilícita. Los fiscales quieren una condena de 10 años de prisión para el exministro Julio de Vido, el exsecretario José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti. En tanto, solicitaron: 6 años de prisión para Mauricio Collareda y también para Juan Carlos Villafañe; 5 años de prisión para Raúl Daruich y Raúl Pavesi; 4 años para Abel Fatala y José Raúl Santibañez; y 3 años de prisión en suspenso para Héctor Garro. Respecto de Carlos Santiago Kirchner, Luciani pidió la absolución por el delito de asociación ilícita y 2 años de prisión en suspenso por administración fraudulenta.

Luciani y Morla, los fiscales de la causa
Fiscales Diego Luciani y Sergio Morla

El Tribunal Federal N° 2

Desde su sorteo, cuando terminó la etapa de instrucción a cargo del juez Julián Ercolini, el caso está en manos del Tribunal Oral Federal 2, uno de los ocho tribunales que juzga los hechos de corrupción de funcionarios nacionales, desde el edificio de la avenida Comodoro Py 2002, en Retiro. El TOF2 está integrado por los jueces Carlos Gorini, Andrés Bassi y Rodrigo Giménez Uriburu.

​​El expediente comenzó en 2008, cuando diputados de la Coalición Cívica denunciaron la supuesta cartelización de la obra pública nacional y apuntaron contra los contratos que recibía Lázaro Báez. La causa quedó en manos del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, pero casi no avanzó hasta que Cristina Kirchner dejó el gobierno, en diciembre de 2015. Poco después el designado director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, presentó un informe con decenas de irregularidades detectadas en el organismo respecto de los contratos que le habían otorgado a Báez: Un total de 51 licitaciones viales por 46.000 millones de pesos. El expediente se aceleró y la instrucción fue cerrada en marzo de 2018.

El caso quedó en manos del TOF2, que comenzó a organizar las audiencias públicas bajo el asedio de Cristina y sus reiterados y hasta superpuestos intentos por impedir que el juicio se haga. La última maniobra contó con un guiño de un sector de la Corte y hasta del Tribunal, y casi logra evitar que las audiencias orales comiencen. La presión pública fue tal, que todo quedó en nada, y el juicio comenzó en mayo de 2019.

En estos tres años y medio de audiencias, el Ministerio Público Fiscal demostró y cuantificó el perjuicio al Estado, como resultado de la administración infiel. Según dijo Luciani en su alegato final se determinó que, por los montos erogados en las 24 obras abandonadas, las modificaciones de costos y plazos sobre 39 contratos y la cartelización en la obra pública, «el daño ocasionado asciende a 5.321 millones de pesos, un equivalente 1.000 millones de dólares»

En función de esa cifra es que la fiscalía pidió el decomiso y que los trece acusados en forma solidaria, hagan frente a los 1.000 millones de dólares «que fueron sustraídos ilegalmente a las arcas estatales». El fiscal advirtió que esa suma, actualizada, deberá repartirse entre todos los acusados según su grado de responsabilidad, hasta alcanzarla.

Por último, vale aclarar que la vicepresidenta, sea cual fuera la sentencia en su contra, tiene fueros como vicepresidenta, por lo que no hay posibilidad que quedase detenida hoy.

Pero, además, cuando se den a conocer los fundamentos del veredicto -en febrero o marzo- la sentencia seguramente será apelada por su abogado y los de los otros acusados, y quizás también por los fiscales si la consideran injusta. Esas apelaciones serán tramitadas en la Cámara Federal de Casación Penal, que analizará la sentencia y luego de algunas audiencias responderá si la convalida o no. Esa resolución, a su vez, seguramente será apelada ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, la sentencia no estará firme, y por lo tanto no será ejecutada.

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