En conferencia de prensa, el fiscal de Estado, Miguel Rivas, el ministro de Seguridad Guillermo Corro y el procurador Sebastián Albesa, anunciaron las medidas judiciales que se iniciarán contra los manifestantes que mantienen cortadas las rutas de la provincia desde hace casi tres semanas.
Rivas señaló que realizaron las denuncias pertinentes ante las autoridades judiciales, tanto en el fuero local como en el federal. «Son delitos flagrantes que se vienen perpetrando en toda la provincia de Jujuy, que se vienen ocurriendo desde el 17 de junio. En todos los casos se realizaron las denuncias pertinentes»
«Se trata de hechos ilícitos, de delitos perpetrados por personas y organismos violentos, que están atacando el orden constitucional: No se trata de hechos aislados, son orquestados, planeados y ejecutados por individuos violentos y organizaciones sociales y políticas rechazadas por la ciudadanía en las elecciones que tuvieron lugar hace un mes, y tratan de quebrar el estado de derecho, se quiere volver a la violencia, a métodos extorsivos y sediciosos»
Confirmando que las actuaciones son por instrucciones expresas del Gerardo Morales, el objetivo es asegurar que se restablezca «el clima de paz, de armonía y de progreso que reclama el pueblo de Jujuy». Añadió que Fiscalía de Estado va a intervenir como querellante en la totalidad de procesos penales en curso y buscará que se apliquen las penas mayores a cada delito, y hasta que haya sentencias definitivas, se va a instar a la detención de los delincuentes»
«Se va a embargar patrimonialmente a cada uno de los responsables, se les van a reclamar los daños y perjuicios producidos el Estado Provincial, en una cifra estimada de mas de mil millones de pesos»
Por último indicó que tanto el servicio de emergencia SAME y el Ministerio de Salud se sumarán a las denuncias por interrumpir el servicio esencial de salud.
Por su parte, el ministro Corro confió que desde la cartera que encabeza, aportaron los elementos necesarios para poder investigar los hechos, poniéndose a disposición, las diversas unidades de la policía a través de peritos.
Asimismo, confirmó que desde el momento que empezaron los cortes de ruta, se labraron las actas correspondientes por desórdenes, escándalos en la vía pública, omisión de ceder el paso a vehículos oficiales como policía y ambulancias; imputaciones que se llevaron adelante contra personas físicas y jurídicas.
En la misma línea, añadió que son mas de 100 expedientes en los que la Justicia trabaja, con 150 personas imputadas, cinco con multas que pueden llegar hasta los 2 millones de pesos.
Finalmente, Albesa sentenció: «Cortar una ruta es un delito que pone en riesgo no solo la salud, sino el trabajo de la gente del Norte, sobre todo en el sector turístico, donde se registran grande perdidas»